La transformación paulatina de las infraestructuras industriales de la tradicional combustión fósil, a una energetización verde y no contaminante por supuesto que es deseable, pero no por ello deja de implicar una serie de problemas financieros que deben ser analizados con detenimiento por las autoridades pertinentes antes de tomar la decisión de apostar por ellas de forma generalizada.

Por ejemplo, España se ha erigido en últimas fechas como la nación líder en la generación de miles de empleos asociados a la implantación de energías alternativas. Incluso el presidente de los Estados Unidos Barack Obama dio cuenta de ello en una reciente declaración, en donde ponderó cómo España está demostrando que el fomento de proyectos de energías verdes es capaz de generar millones de puestos de trabajo, e industrias completamente frescas y prometedoras, lo cual además del enorme beneficio ecológico que acarrearía, ayudaría a paliar un poco la crítica situación financiera de todas las naciones del orbe.

Pero existe un detalle importante para tomarse en cuenta, hoy por hoy, las más importantes instancias productoras de energías alternativas requieren una enorme inversión que -prácticamente en la mayoría de los casos- proviene de los impuestos de los contribuyentes. En España se han requerido un total de treinta mil millones de euros para apoyar a programas de parques eólicos, automovilización eléctrica, plantas de almacenamiento de energía solar y más.

De tal modo que los empleos generados por estas iniciativas ecológicas, aun con todo los aspectos positivos que conllevan, tiene como consecuencia que las personas dejen de gastar ese dinero invertido por el gobierno en los productos habituales fabricados por otro tipo de industrias, motivando a la postre su fracaso comercial y su cierre definitivo, la pérdida de muchas fuentes de empleo y más desestabilización económica para el mundo.
Así, todos estos factores deben ser estudiados con cuidado, antes de apostarlo todo, irreflexivamente, a la energetización alternativa.